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UIF bloquea más de 400 cuentas e investiga a proveedores del INE por presuntas irregularidades

La investigación involucra a siete empresas proveedoras de material electoral y posibles esquemas de simulación de competencia, triangulación de recursos y facturación irregular. Actualmente, 70 cuentas bancarias permanecen bloqueadas.

a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación a una red de siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales, por presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos, simulación de competencia y movimientos financieros posiblemente vinculados con empresas factureras.

De acuerdo con información publicada por medios que retoman una investigación de Grupo REFORMA, entre 2023 y 2024 fueron bloqueadas más de 400 cuentas bancarias pertenecientes a 13 personas físicas y siete empresas. Actualmente, 70 cuentas continúan bloqueadas como parte de las indagatorias.

La investigación busca determinar si las empresas involucradas habrían utilizado mecanismos para aparentar competencia entre proveedores, obtener contratos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas.

¿Quiénes están bajo investigación?

Entre los empresarios señalados en los reportes periodísticos se encuentran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con compañías dedicadas a la proveeduría de materiales electorales.

Entre las empresas mencionadas figuran Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

La investigación también contempla operaciones con empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que presuntamente recibieron recursos de alguna de las firmas investigadas.

Hasta el momento, los reportes consultados no establecen que todas las empresas o personas mencionadas hayan sido declaradas culpables. Las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Contratos electorales y posibles conflictos de interés

Uno de los puntos centrales de la investigación son las contrataciones de materiales electorales realizadas por el INE y organismos locales, entre ellas licitaciones relacionadas con el instituto electoral de Sonora.

Según los reportes, en esos procedimientos se habrían identificado propuestas que aparentaban provenir de empresas independientes, aunque presuntamente existían vínculos entre algunas de ellas. Este mecanismo habría permitido simular competencia en procesos de contratación pública.

La indagatoria también alcanza a funcionarios y exfuncionarios relacionados con procedimientos administrativos y contrataciones electorales.

Entre ellos se encuentra Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director de Administración del INE entre septiembre de 2025 y abril de 2026. Los reportes periodísticos señalan que anteriormente había representado a empresas proveedoras del organismo electoral.

Asimismo, se menciona a Claudia Espino, quien ocupó la Secretaría Ejecutiva del INE entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026.

La información difundida refiere posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en contrataciones; sin embargo, la mención de estos funcionarios en las indagatorias no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal.

Sheinbaum pide aclarar las presuntas irregularidades

El caso también llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 20 de octubre solicitó al INE transparentar la información relacionada con las presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de material electoral.

La mandataria señaló que el organismo electoral debe proporcionar información suficiente para esclarecer los señalamientos. Además, adelantó que solicitaría a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las operaciones de Talleres Gráficos de México desde el inicio de su administración, debido a su participación en la elaboración de credenciales para votar.

La exigencia de transparencia coloca bajo escrutinio los mecanismos de contratación, la supervisión de los proveedores y los controles para prevenir posibles conflictos de interés en las instituciones electorales.

¿Qué sigue en la investigación?

La UIF mantiene el análisis de las operaciones financieras relacionadas con las empresas y personas investigadas. Por ahora, los reportes consultados indican que 70 cuentas continúan bloqueadas, aunque no se ha publicado oficialmente una relación completa de todos sus titulares ni una resolución definitiva que determine responsabilidades.

El desarrollo del caso dependerá de los resultados de las investigaciones financieras, fiscales y administrativas, así como de las posibles acciones que emprendan las autoridades competentes.

El asunto abre interrogantes sobre los controles aplicados a los proveedores del sistema electoral mexicano y la forma en que se adjudican contratos para adquirir urnas, mamparas, marcadores y otros materiales utilizados durante las elecciones.

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