En un caso que huele a corrupción descarada y montaje burdo, la presidenta municipal Nancy Nápoles Pacheco enfrenta un proceso judicial por simulación de secuestro, una trama que según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) buscaba encubrir un millonario agujero en las arcas municipales.
El 9 de julio de 2026 se realizó la esperada audiencia de formulación de imputación, donde las autoridades buscan fincarle responsabilidad formal en este escándalo que ha sacudido al municipio y al partido Morena.
La historia, digna de una novela negra de bajo presupuesto, se remonta al 31 de mayo. Nápoles denunció un violento secuestro frente a su domicilio: hombres armados la obligaron a subir a un vehículo y exigieron un rescate de 40 millones de pesos, sugiriendo que el dinero saliera directamente del ayuntamiento porque existía un “desfalco”. Horas después apareció “liberada”, pero las investigaciones revelaron inconsistencias graves: llamadas telefónicas (136 entre los involucrados), geolocalizaciones, movimientos de vehículos y un testigo clave que desmontó el supuesto “levantón”.
Según la FGJEM, el plan fue orquestado desde febrero por el esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y su cuñado Óscar “N”, quienes siguen prófugos de la justicia. Tres personas ya fueron detenidas en Oaxaca: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”, vinculados a proceso por simulación de secuestro y extorsión. Algunos enfrentan hasta 16 años de prisión, mientras que para la alcaldesa —como servidora pública— se contemplan medidas que podrían incluir trabajo comunitario, aunque un juez definirá si hay elementos para prisión.
Nápoles rechaza todo: niega el autosecuestro, asegura que las finanzas municipales están sanas y acusa una “persecución política”. Incluso retó a la Fiscalía y solicitó auditorías integrales. Sin embargo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ya inició revisiones al ejercicio 2025 y al primer semestre de 2026 tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Los resultados preliminares podrían llegar pronto, y la ciudadanía exige respuestas claras sobre dónde están esos 40 millones de pesos.
Morena no se quedó de brazos cruzados: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió sus derechos partidarios mientras avanza el proceso, en un intento por limpiar la imagen del partido en medio de este bochorno.
¿Realmente fue un secuestro fallido o un desesperado intento por blanquear un desfalco? Mientras los prófugos huyen y los detenidos enfrentan la justicia, los tenancinguenses esperan que las auditorías no sean otro teatro y que caigan todos los responsables, sin importar cargos ni colores.